El Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid ha admitido a trámite una querella por estafa presentada por dos clientes de Deustche Bank por los perjuicios que les causó el colapso del banco islandés Landsbanki, nacionalizado en octubre de 2008, donde habían invertido 230.000 euros por recomendación del banco.
En un auto de 4 de noviembre, se admite por primera vez en España una acción penal por la debacle de los bancos islandeses, el titular del juzgado cita como imputado a un ex director de sucursal de Deutsche Bank para que declare el próximo 21 de diciembre.
Según la juez, podrían ser "constitutivos de delito" los hechos que denuncia un inversor y la empresa Everlasting Operativa, que, asesorados por el despacho de abogados Ezpondaburu, se quejan de que la entidad financiera no sólo no les informó en absoluto del riesgo de invertir en deuda de Landsbanki, sino que les recomendó mantener la inversión tan sólo cinco días antes de que fuera intervenido.
Los afectados sostienen que Deutsche Bank conocía los problemas que atravesaba Landsbanki, máxime teniendo en cuenta que había sido escogido como "joint lead manager" o principal responsable de la venta de determinados productos estructurados sobre su deuda, junto con HSBC.
La querella, establece que el Deutsche Bank no sólo no avisó de esta circunstancia, sino que "omitió todos sus deberes y obligaciones de información de la inversión" con el objetivo de "captar dinero a toda costa, incluso mediante engaño y con contratos en donde ni siquiera estaba la firma autorizada para realizar la operación, con un claro ánimo de lucro".
Los querellantes, que recuerdan que el producto se les vendió tan sólo con la información de ser un bono de Landsbanki con rentabilidad asegurada, respaldan su querella en una sentencia del Tribunal Supremo de 2002, que establece que el engaño también puede ser ocasionado por "el silencio respecto de hechos perjudiciales para el inversor".
La sentencia de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal también recuerda que "el autor de la oferta (para inversiones de capital) es el garante de que esa información veraz llega al destinatario de la oferta".
En octubre de 2008, el gobierno de Reikiavik dictó un decreto urgente para atribuirse la capacidad de nacionalizar los bancos privados islandeses para evitar el colapso financiero del país y la práctica quiebra de Islandia. El control gubernamental de los bancos Kaupthing, Glitnir y Landsbanki provocó pérdidas multimillonarias a miles de inversores particulares e institucionales (de ellos, unos pocos cientos en España) que habían comprado deuda de estas entidades
En un auto de 4 de noviembre, se admite por primera vez en España una acción penal por la debacle de los bancos islandeses, el titular del juzgado cita como imputado a un ex director de sucursal de Deutsche Bank para que declare el próximo 21 de diciembre.
Según la juez, podrían ser "constitutivos de delito" los hechos que denuncia un inversor y la empresa Everlasting Operativa, que, asesorados por el despacho de abogados Ezpondaburu, se quejan de que la entidad financiera no sólo no les informó en absoluto del riesgo de invertir en deuda de Landsbanki, sino que les recomendó mantener la inversión tan sólo cinco días antes de que fuera intervenido.
Los afectados sostienen que Deutsche Bank conocía los problemas que atravesaba Landsbanki, máxime teniendo en cuenta que había sido escogido como "joint lead manager" o principal responsable de la venta de determinados productos estructurados sobre su deuda, junto con HSBC.
La querella, establece que el Deutsche Bank no sólo no avisó de esta circunstancia, sino que "omitió todos sus deberes y obligaciones de información de la inversión" con el objetivo de "captar dinero a toda costa, incluso mediante engaño y con contratos en donde ni siquiera estaba la firma autorizada para realizar la operación, con un claro ánimo de lucro".
Los querellantes, que recuerdan que el producto se les vendió tan sólo con la información de ser un bono de Landsbanki con rentabilidad asegurada, respaldan su querella en una sentencia del Tribunal Supremo de 2002, que establece que el engaño también puede ser ocasionado por "el silencio respecto de hechos perjudiciales para el inversor".
La sentencia de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal también recuerda que "el autor de la oferta (para inversiones de capital) es el garante de que esa información veraz llega al destinatario de la oferta".
En octubre de 2008, el gobierno de Reikiavik dictó un decreto urgente para atribuirse la capacidad de nacionalizar los bancos privados islandeses para evitar el colapso financiero del país y la práctica quiebra de Islandia. El control gubernamental de los bancos Kaupthing, Glitnir y Landsbanki provocó pérdidas multimillonarias a miles de inversores particulares e institucionales (de ellos, unos pocos cientos en España) que habían comprado deuda de estas entidades
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